El ICOMA respalda la huelga indefinida para reclamar un Estatuto propio para el colectivo médico
La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Álava muestra su rechazo al acuerdo alcanzado el 26 de enero para la aprobación del nuevo Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud (SNS) entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE, CCOO, UGT y CSIF).
El ICOMA considera que el texto no reconoce la singularidad de la profesión médica y exige un Estatuto propio para el colectivo médico que refleje sus características distintivas atendiendo a su formación, exigencia y responsabilidad en comparación con el resto de profesionales sanitarios, lo que redunda en la calidad de la asistencia que reciben los pacientes.
El texto fue aprobado con la oposición de los sindicatos exclusivamente médicos, que exigen un estatuto propio y diferenciado que permitiría una negociación real.
El acuerdo del Estatuto Marco es un documento que se ha elaborado sin el apoyo de los médicos, de espaldas a las comunidades autónomas y que necesita para su desarrollo el compromiso del resto de ministerios implicados, principalmente el de Hacienda.
Los médicos llevamos un año denunciando que el anteproyecto de Sanidad no mejora nuestras condiciones laborales. En los últimos meses se han llevado a cabo cuatro huelgas e innumerables concentraciones y manifestaciones contra el proyecto. Tras la firma, los sindicatos de facultativos de toda España mantienen la convocatoria de huelga indefinida que comenzará el próximo lunes 16 de febrero y se llevará a cabo durante una semana todos los meses. Además, se ha organizado una manifestación unitaria nacional este sábado 14 de febrero en Madrid. Unas protestas secundadas por el Colegio de Médicos de Álava.
Complicada tramitación del anteproyecto
Tras el acuerdo alcanzado en el Ámbito de Negociación, el nuevo Estatuto Marco será elevado en primera vuelta al Consejo de Ministros, que deberá autorizar el inicio formal de su tramitación.
El acuerdo implica una futura revisión de las retribuciones de los y las profesionales, por lo que se recabarán los informes preceptivos de los ministerios con competencias afectadas —entre ellos Hacienda, Economía, Función Pública y Seguridad Social—. Superada esta fase, se abrirá el trámite de audiencia e información pública, que permitirá a cualquier persona u organización interesada presentar alegaciones. Finalmente, el anteproyecto será aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria, que se prevé complicada.