El Consejo de Ministros acordó el viernes 13 de julio plantear ante el Tribunal Constitucional (TC) un conflicto positivo de competencia al Gobierno Vasco por su decreto sobre régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS). Una reunión que sirvió además para dar el visto bueno al RDL 20/2012 de Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. –
Según el Gobierno central, el objetivo de esta medida adoptada es garantizar la aplicación de la legislación estatal a la mayor brevedad posible, para lo que han decidido invocar la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, lo que implicará la suspensión del Decreto una vez sea admitida a trámite la impugnación por el Tribunal Constitucional.
El Gobierno vasco presentó el pasado 26 de junio un decreto para garantizar la gratuidad y universalidad del sistema sanitario público «para todas las personas que residan en el País Vasco», asegurando que estaban «amparados por la legislación vigente y avalados por su suficiencia financiera».
Sin embargo, la Administración central argumenta que el decreto vasco pretende regular «cuestiones que corresponden únicamente al Estado y vulnera la normativa establecida en cuanto a la regulación de la condición de asegurado, cartera común de servicios y financiación de prestaciones sanitarias». Además, entienden que de esta manera impide la aplicación práctica «en buena medida» de la reforma sanitaria de Mato en esta comunidad, que establecería tanto un nuevo copago farmacéutico como la exención de la tarjeta sanitaria a determinados colectivos, como los inmigrantes en situación irregular.
Acciones contra Andalucía
El Consejo de Ministros también acordó el pasado viernes que el presidente del Gobierno interponga un recurso de inconstitucional contra el artículo uno del Decreto Ley andaluz por el que se aprobaron medidas urgentes sobre prestación farmacéutica del sistema sanitario público. Según se explicó, se adopta esta medida al considerar que los preceptos que se cuestionan en el decreto del 13 de diciembre de 2011 vulneran las competencias estatales en materia de legislación farmacéutica, al establecer normas reguladoras de la prescripción de medicamentos careciendo de competencia para ello, así como en materia de sanidad al modificar la cartera de servicios establecida con carácter básico por el Estado.
2012-07-19