La intención del País Vasco de no aplicar modificaciones en el copago farmacéutico y no limitar asistencia a inmigrantes en situación irregular cobra forma de decreto en tramitación. El Ministerio dice que incumple el real decreto nacional de reformas y que éste es de obligado cumplimiento. –
El Gobierno Vasco está tramitando con urgencia un decreto que, de no modificarse antes de su posible aprobación, impediría que en la comunidad se aplicara a partir del 1 de julio el copago de medicamentos en función de la renta y que se retirara la tarjeta sanitaria a los emigrantes en situación irregular. Aunque no dice nada sobre contravenir las modificaciones vinculadas al transporte sanitario no urgente y a las ortoprótesis, también incluidas en el real decreto de reformas, supone un golpe sobre la mesa contra la normativa nacional. ¿Qué dice el Ministerio? Algo claro y conciso: «La norma es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional».
El decreto vasco señala que, en el caso de los inmigrantes en situación irregular, deberán solicitar la renovación de tarjeta «en las Direcciones Territoriales del Departamento de Sanidad y Consumo correspondientes al lugar donde aquél tenga su residencia».
Siendo puristas, uno de los párrafos de su artículo 2 dice que podrán ser atendidas en el País Vasco «aquellas personas que dispusiesen de la tarjeta individual sanitaria a la entrada en vigor del Real Decreto 16/2012», lo que dejaría la puerta abierta a que cualquier inmigrante acudiera a la comunidad en busca de asistencia. Pero luego se matiza: «Deberán estar empadronadas como residentes en un municipio en el que tengan su domicilio habitual, por un periodo continuado de, al menos, un año anterior a la presentación de la solicitud».
También añade que recibirán asistencia quienes «no tengan acceso a un sistema de protección sanitaria pública por cualquier otro título, y no tengan ingresos suficientes, en la cuantía que se determine reglamentariamente».
Con respecto al copago farmacéutico propuesto por el real decreto nacional, el País Vasco propone, además de eximir a «pensionistas, incluidas las personas perceptoras de pensiones no contributivas», dejar exentos a «afectados de síndrome tóxico, personas con cierta discapacidad, perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos, parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación y personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional».
Leyendo entre líneas cabe una duda: ¿Aportarán los inmigrantes en situación irregular el 40 por ciento? El decreto quiere mantener la situación anterior al RDL 16/2012 y dice literalmente que «con carácter general, el porcentaje de aportación económica que corresponderá satisfacer a los usuarios será del 40 por ciento sobre el precio de venta al público. Se exceptúan de tales condiciones los medicamentos sujetos al sistema de aportación reducida». No dice nada de los inmigrantes.
Otro detalle interesante. La citada aportación se realizará en el momento de la dispensación y, si ésta se realiza «en una farmacia ubicada fuera del País Vasco y se ajusta a las cuantías determinadas en la Ley 29/2006, las personas a las que se refiere el artículo 2 podrán solicitar el reintegro de los gastos abonados que excedan de las cantidades previstas».
2012-06-22