La Organización Médica Colegial ha presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo en el que expresa la preocupación y decepción del colectivo médico ante el nuevo texto del Código Penal por considerar que se puede producir un «enorme retroceso» en la lucha contra las agresiones. –
«Indefensión», «inseguridad jurídica», «desamparo» son términos con los que, en el escrito al Defensor del Pueblo, la OMC cuestiona el nuevo Anteproyecto de Código Penal que supone un «claro retroceso» en la lucha contra las agresiones. Solicita también que se modifique la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se incremente la actividad preventiva con mayor formación a los profesionales
El escrito hace un análisis de la situación actual de las leyes penales a la hora de enjuiciar las agresiones a médicos y señala que «no existe unificación de criterios» y que el marco normativo está caracterizado por la «fragmentación y el personalismo» provocando criterios contrapuestos en un mismo territorio judicial, lo que, a juicio de la OMC, provoca en los profesionales «inseguridad jurídica».
En el escrito, se pone de manifiesto que con el vigente Código Penal no existe un tratamiento jurídico unitario a la hora de abordar las agresiones a médicos y que es distinta la tramitación y las consecuencias si el médico trabaja en el Sistema público de salud o en un centro privado.
La OMC expresa la preocupación y decepción del colectivo médico ante el nuevo texto del Código Penal por considerar que se puede producir un «enorme retroceso» en la lucha contra las agresiones al poner en tela de juicio algo que existía consenso en la práctica judicial como es la consideración del profesional sanitario como sujeto pasivo de los delitos de atentado, resistencia y/o desobediencia grave.
También cuestiona que las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones de carácter leve pasan a tener una respuesta en la vía administrativa, lo que, a juicio de la OMC, «va a consagrar la impunidad de la inmensa mayoría de los agresiones verbales» a los sanitarios.
Protección integral
En el escrito al Defensor del Pueblo defiende la protección integral del acto médico como uno de los pilares sobre los que descansa el derecho constitucional a la protección de la salud y, como tal, digno de la misma protección jurídica, independientemente de cuál sea el entorno en el que se realiza el mismo, sea público o privado. Y, por ello, considera que la aplicación del Art. 550 del nuevo Código Penal genera «desamparo» y «desprotección» de los profesionales del sector privado.
En el escrito al Defensor del Pueblo, la OMC solicita la modificación del la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en sus artículos 14 y 436 para que las agresiones verbales no sean enjuiciadas en un Juzgado de Paz, sino por jueces y magistrados de carrera y tengan acceso a una Audiencia Provincial por la vía de apelación. También pide que se supriman los datos personales del facultativo en atestados y denuncias, sustituyéndolos por el número de colegiado y lugar de prestación de servicios.
Finalmente, pide que se incremente la actividad preventiva, es especial, la formación del médico en el manejo de situaciones de conflicto y agresividad, así como medidas de apoyo y auxilio para el médico objeto de agresión. Otras propuestas preventivas son que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado acompañen al médico que reclame su auxilio en intervenciones domiciliarias en las que se haya evaluado un riesgo de agresión; que los establecimientos sanitarios cuenten con mecanismos materiales necesarios que permitan al facultativo recabar auxilio y ayuda externos y que las dependencias sanitarias contemplen la posibilidad de huida del médico o sanitario en situación de riesgo.
2015-01-12