El CMPV da luz verde a su segunda encuesta sobre agresiones

Siete años después de la primera encuesta sobre agresiones realizada por el Consejo de Médicos del País Vasco, el órgano que agrupa a los tres colegios de la comunidad ha decidido repetir la consulta para conocer la incidencia real de los ataques a facultativos y su evolución respecto a los datos de 2008. El estudio tendrá como base las encuestas telefónicas que se realizarán a 1.060 médicos de la CAPV, de los que 320 serán profesionales alaveses. –

En 2008, la encuesta sobre agresiones reveló que cerca de un 38,4% de los facultativos alaveses habían sufrido algún tipo de agresión a lo largo de su vida profesional. En el año de estudio, un 12,8% de los médicos alaveses declararon haber sido agredidos. No obstante, tan sólo la mitad de ellos interpuso una denuncia ante las autoridades.

La mayor parte de las agresiones registradas tuvo lugar en el lugar de trabajo (91,9%), y éstas tuvieron especial incidencia en los centros de salud y en los hospitales de agudos. Medicina general, de familia y urgencias son las especialidades que se revelaron de mayor riesgo.

El perfil del agresor tipo se correspondía con un varón, de entre 40 y 49 años, nacional y con trastornos psíquicos o con problemas administrativos relacionados con la tramitación de altas y bajas laborales o recetas.

La encuesta de 2008 se dio a conocer un año después de la implantación del protocolo de actuación a facultativos firmado por los Colegios de Médicos del País Vasco con la Fiscalía del TSPV, por el que las agresiones a los médicos dejaban de considerarse faltas para ser tratadas como delitos de atentado a funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Este cambio suponía un mayor castigo para los condenados por este delito, con penas de hasta tres años de cárcel.

En 2015, la nueva encuesta coincide con la puesta en marcha del nuevo Código Penal, que ratifica la calidad de delito las agresiones a funcionario público en ejercicio de sus funciones en el caso de los médicos. Las penas asociadas a este delito podrán alcanzar los tres años de prisión.

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